La Verdad

- Dónde están los millones de los créditos agrarios..?

- Fiscal no se tragó el cuento

Como un baldazo de agua helada le va a caer la noticia al Presidente Regional Yván Vásquez Valera, quien por estos días viene disfrutando del  inicio de la primavera madrileña donde acompaña a la delegación peruana de fútbol como dirigente de la lista reelegida de Manuel Burga, quien sigue siendo el máximo representante de la FPF.

Enrique Pinedo Meza-Fiscal adjunto provincial de la Tercera Fiscalía Mixta de Maynas, formalizó ayer por la mañana, la denuncia penal No 677,  ante el Cuarto Juzgado Penal de Maynas, casi un año y medio después de originada la denuncia de parte interpuesta por el abogado Jorge Morante Figari. La investigación fiscal, que puede ser considerado para la administración de justicia de la región,  como un hecho sin precedente, pues ha puesto en la cancha del poder judicial, hechos que han evidenciado corrupción por donde se le mire, no temblándole la mano y demostrando la autonomía jurisdiccional a pesar de la falta de recursos y el nulo trabajo complementario de la CONTRALORIA que debe hacer también su función y no jactarse retóricamente de que su institución lucha por transparentar los actos públicos cuando a la hora de la verdad, su actuación deja mucho que desear.

Yván Vásquez Valera, Roy Meza Meza,  Víctor Rafael Freitas Tejada, Víctor Villavicencio la Torre, Jorge Navarro Meza, Juan Carlos Carranza Gil, Lira Reátegui Pinedo, Thamer López Macedo, Jorge Luís Girau Balverena, Leonel Vásquez Murrieta, Arcadio Yong Flores, Italo Cardama Vásquez, César Churango García, Manuel Iglesias Rodríguez, Isaac Panduro Murrieta, Julio Abel Soplin Ríos y Juan Pompeyo Ramírez Moreno, todos ellos fueron denunciados penalmente en calidad de autores. Mientras que Guillermo Lecca Ramírez, (representante de la orquesta ILUSION), Pedro Pablo Martínez Ching, César Augusto Bardales Machado, Francisca Chota Salas, Abelardo Campbell Espinoza y Guillermo Javier Portugal Rejas, en calidad de cómplices primarios. Comprendiéndoles  los presuntos delitos contra la administración pública de: Abuso de autoridad, concusión, colusión, patrocinio ilegal, peculado y negociación incompatible y contra la tranquilidad pública-asociación ilícita para delinquir; en agravio del Gobierno Regional de Loreto.

Siendo la razón fundamental que ha llevado al Dr. Pinedo Meza, a la denuncia penal, luego de la investigación fiscal, la aprobación de convenios amparándose en sendas resoluciones ejecutivas regionales, como son: Los números 1714-2007, 553-2008 y 1855-2008, donde se aprobó convenios a “dedo” con las empresas EDYPIMES PROEMPRESA, AGROPROCESOS, PROASA y SERVICIOS INTEGRADOS, en el marco del programa de créditos agrarios otorgados por el GOREL, donde se manejó más de 100 millones de soles, aduciéndose contravención a la Ley y Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Información que dicho sea de paso, fue difundida en toda su extensión por el SEMANARIO LA VERDAD en la edición No354 del 4 de noviembre del 2009, que tuvo como titular de portada NEGOCIO REDONDO.

MILLONES… EN NOMBRE DE LOS CAMPESINOS DE LORETO

El 11 de octubre del 2007 empezó la danza de los millones para “apoyar” la actividad crediticia del sector agrario, es así que la gestión Vásquez Valera, empezó destinando 19`979,281.13 en un reformulado expediente técnico. Al sector pesquero y acuícola  se le asignó un presupuesto de S/. 13`712,205 mediante la RER No287-2008. El 31 de diciembre del 2008, se aprobó otro expediente también reformulado, donde se amplía el presupuesto al monto de S/.41¨872,580.00. De igual forma el 31 de diciembre del 2008 la RER No2421 aprobó un presupuesto de 68¨872,580.00, mientras que con fecha 3 de abril del 2009 el Presidente del GOREL Yván Vásquez Valera, aprobó y autorizó mediante la RER No495 la ejecución de 34¨625,684.50 para el programa regional de crédito agrario, precisándose que durante el año 2007,2008 y 2009 el marco legal de este programa se realizó en el marco de la Ley No 24300 y Ley No26385, donde se precisó que el fondo de dichos recursos provienen del 12% del canon petrolero.

Ivan Vásquez

El proceso investigatorio del Ministerio Público tiene conclusiones más que importantes que pueden coadyuvar  en el fuero judicial, pues a pesar de su requerimiento en esta etapa fiscal, el GOREL nunca  ha remitido el expediente que originó la suscripción de la Resolución Ejecutiva Regional y el convenio con la empresa EDPYMES PROEMPRESA, habiendo manifestado solamente su gerente general Guillermo Javier Portugal Rejas, que suscribió convenio a pedido del GOREL conforme lo acreditó con el oficio No959-2007-GRDE, donde el funcionario en ese entonces Víctor Villavicencio La Torre, solicitó la factibilidad de suscribir dicho convenio a pesar que EDPYMES  no presentó propuesta técnica u otro documento para la firma del convenio con el GOREL, no considerándose también la opinión legal del Dr. Thamer López, quien solicitó datos sobre su capital social antes de la firma de fideicomiso así como la autorización de la Superintendencia de Banca y Seguros.

Jorge Morante fue el que inició la denuncia ante el Ministerio Público en Setiembre del 2009

En abril del 2008 aparece PROASA y AGROPROCESOS, el primero representado por Francisca Gómez Chota (hoy en San Martín) y el segundo por Pedro Pablo Martínez Ching, cuyos convenios buscaron establecer un nivel de “cooperación” institucional que permita apoyar los procesos de desarrollo que inicie el GOREL en las zonas y actividades productivas. Con estas representadas también pasó lo mismo referente a la investigación fiscal, aunque en este caso la gerente Francisca Chota remitió la carta al gerente de desarrollo económico del GOREL  Víctor Villavicencio,  donde incluía su propuesta técnica para efectos de evaluar la factibilidad que brindaría en los campos de cultivo de sacha inchi y camu camu. Hecho, que llevó para que el asesor jurídico del GOREL Thamer López, emitiera opinión favorable para la firma de ambos convenios, teniendo AGROPROCESOS como actividad principal el cultivo de cereales, cuyo gerente-Pedro Martínez, señaló que suscribió el convenio para ser proveedor de insumos agrícolas y que las coordinaciones para la suscripción del convenio la realizó Francisca Chota y que no presentó ninguna documentación técnica.

Roy Meza, ex Gerente general del GOREL

El caso de SERVICIOS INTEGRADOS  es más complicado todavía, porque esta empresa recién inició sus actividades el 10 de julio del 2008, teniendo como gerente general a Guillermo Lecca Ramírez, y como gerente al ciudadano que labora hace mucho tiempo en el área de tesorería de la DREL llamado César Bardales Machado. El Presidente Regional, parece que “desconocía”  el nacimiento de esta empresa por eso le llevó a firmar un convenio el 11 de agosto del 2008, (un mes después de constituida) expresándole en la RER No1855 donde se aprobó contratar a la “experimentada” empresa SERVICIOS INTEGRADOS para que le de operatividad a los créditos agrarios, pesqueros y pecuarios, fijándose por si fuera poco la ganancia y utilidades, como contraprestación, el 3% sobre el monto de cada crédito aprobado. Esta empresa, manejada por Lecca Ramírez, tampoco ha remitido en los plazos legales correspondientes, la información fiscal requerida como el expediente que originó la suscripción de las resoluciones regionales y el contrato con Servicios Integrados, dejando sentado en las diligencias fiscales, tanto Lecca como Machado, que suscribieron contrato con el GOREL en mérito de una invitación por el gerente de desarrollo económico Víctor Villavicencio, vaya; que tal invitación, así funcionaban las cosas. Sin embargo, el asesor jurídico del GOREL Thamer López, indicó que se debe someter a un proceso de selección cumpliéndose los requisitos y disposiciones de la ley de contrataciones del Estado, pero de manera inexplicable el mismo asesor jurídico cambió de opinión el 1 de agosto del 2008 mediante oficio No561-2008 señalando que no se requiere observarse  las disposiciones contenidas en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, puesto que el costo del 3% será a cargo de los créditos que se otorgue a los beneficiarios, variándose de un momento a otro la opinión jurídica, en mérito de un informe legal (externo) No 003-2008-C&A del 24 de julio del 2008 presentado por al abogado  Jorge Walter Cambero Alva, donde estoicamente refiere que la Ley de Contrataciones del Estado no es aplicable para los actos de disposición y de administración y gestión de los bienes de propiedad estatal, documento que fue recepcionado el 25 de julio del 2008 por la oficina de asesoría jurídica del GOREL, y esta opinión, es la que recoge la RER No1855-2008-GRL-P  para la suscripción del contrato con Servicios Integrados, es decir, todo estaba listo para hacer creer que el canon es un bien que se puede disponer sin ningún tipo de licitación pública, no importándoles ni temiendo a la justicia, que Servicios Integrados, había sido creada para brindar el servicio crediticio al GOREL, y que no contaba además con ninguna propuesta técnica u otro documento para la suscripción del convenio.

Pero este sello  que tienen todas las empresas citadas al someterse solamente a convenios para manejar el dinero de los campesinos de Loreto, ha llevado al Fiscal Enrique Pinedo, a decir en su denuncia penal que se aplicó indebidamente   el artículo 2 numeral 2.3, literal f del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado-DS No 083-2004-PCM, donde establece que la ley no es de aplicación para los actos de disposición y de administración y gestión de los bienes de propiedad estatal, entendiéndose que el GOREL utilizó indebidamente como BIEN los ingresos por concepto de canon petrolero a fin de suscribir convenios, saltando a la norma,  al desconocer el canon petrolero asignado por ley que constituye un fondo público de acuerdo con el artículo 15 de la Ley No28112.

Guillermo Lecca Ramírez, tendrá que dejar atrás sus noches de bohemia y desvelo  de fines de semana, pues tendrá que decir también a la justicia la forma en que suscribió un convenio el año 2007 con EDPYMES PROEMPRESA, representando a una empresa llamada IDESI AMAZONIA quien depositó en el Banco de la Nación S/.12¨200,000 para realizar el inicio del desembolso a los campesinos prestatarios que tanto el GOREL, EDPYMES e IDESI indicaban quien había calificado para recibir el préstamo, lo que evidencia su presunta responsabilidad por cuanto concertó con los funcionarios del GOREL la suscripción de contratos y convenios en el marco del Programa de Créditos Agrarios, contraviniendo la Ley y el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Usted señora jueza del Cuarto Juzgado Penal de Maynas, (de turno) tiene ahora la palabra.